LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL HACE PÚBLICO SU RECHAZO Y PROFUNDO MALESTAR POR EL ULTRAJE DEL QUE FUE OBJETO HOY EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS, PROVOCADO A BASE DE UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO EMITIDA POR UN JUEZ DE LA UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL, A SOLICITUD DE UN FISCAL DE PICHINCHA, DELEGADO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, QUIEN, PARA APREHENDER A SEIS PROFESIONALES DE LA SALUD CON SUPUESTOS FINES INVESTIGATIVOS, MOVILIZÓ APROXIMADAMENTE QUINCE POLICÍAS FUERTEMENTE ARMADOS, ALTERANDO LA SEGURIDAD Y PAZ DE LOS USUARIOS, PACIENTES Y TRABAJADORES DE DICHA CASA DE SALUD.
EL OFICIO CONTENTIVO DE LA ORDEN, EXHIBIDO POR EL FISCAL, NO SEÑALA QUÉ DELITO SE INVESTIGA NI A BASE DE QUÉ DENUNCIA. NEGAMOS LA EXISTENCIA DE DELITO ALGUNO MÁS AUN, DE DELITOS FLAGRANTES.
EL ACTO, DESPROPORCIONADO E INJUSTIFICABLE, EJECUTADO POR EL MISMO FISCAL SOLICITANTE, FUE PROLONGADO Y CUBIERTO POR MEDIOS DE PRENSA, VIOLÁNDOSE LAS EXPRESAS DISPOSICIONES CONTITUCIONALES Y LEGALES QUE GARANTIZAN LA RESERVA DE TODO EL PROCESO INDAGATORIO Y EL DEBIDO PROCESO.
EN DEFINITIVA, CON SUPUESTO FINES INVESTIGATIVOS Y DE INCAUTACIÓN DE INDICIOS, SE ATROPELLÓ CON POLICÍA ARMADA, LA CASA DE SALUD CON PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO A CAUSA DE QUEBRANTOS EN SU SALUD MENTAL Y CONDUCTUAL, EXPONIENDO, TANTO A PACIENTES, ACOMPAÑANTES Y TRABAJADORES, A GRAVES RIESGOS.
LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL PRESENTARÁ LAS QUEJAS QUE CORRESPONDEN AL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, Y CONFÍA EN QUE PRIMARÁ LA MESURA Y JUSTICIA.
FINALMENTE, LA JUNTA SE RESERVA SU DERECHO A ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDIEREN CONTRA LA MALICIOSA Y TEMERARIA PERSONA DENUNCIANTE.
